sexta-feira, 20 de janeiro de 2012

Independencia y ceguera


Ignacio Jurado
Investigador en la Universidad de Oxford
Ilustración de Iker Ayestaran

Ante las terribles sacudidas vividas en los mercados de deuda de la zona euro, cada vez crece más el consenso de que es necesaria una actuación decidida y definitiva del Banco Central Europeo (BCE). Este tiene en sus manos herramientas suficientes para hacerlo, ya sea comprando deuda para evitar que la prima de riesgo de algunos países supere determinados niveles o bajando el tipo de interés. Así, cuando en los pasados meses el Banco Central introdujo liquidez, hubo consecuencias inmediatas en la bajada de la prima de riesgo y en la subida de las bolsas. Sin embargo, los atisbos de luz se han ido desvaneciendo. Mario Draghi descarta una intervención a gran escala en los mercados aduciendo la independencia del BCE y despojando a este de toda responsabilidad en la superación de la crisis. El discurso no es muy distinto al que viene marcando Angela Merkel. En su comparecencia ante el Bundestag del pasado 2 de diciembre, insistía en la independencia del BCE como garante de la estabilidad monetaria, calificándolo de “gran logro de nuestra democracia”, olvidando que se trata de una institución que carece de legitimidad democrática. Desde altas instancias europeas, por tanto, se arguye que la independencia del BCE implica que este actúe de modo neutral ante la crisis, desplazando a los gobiernos toda la responsabilidad en su solución y dejando las medidas de austeridad como única salida de la crisis.

... in http://blogs.publico.es/dominiopublico/4606/independencia-y-ceguera/

Esto nos plantea inevitablemente la pregunta de qué es la independencia de un Banco Central y cuándo es vulnerada. Respondiendo a la primera pregunta, la independencia de los bancos centrales es un fenómeno relativamente reciente que surgió para garantizar que la política monetaria no estuviera al servicio de las necesidades políticas del gobierno de turno, por ejemplo, animando artificialmente la inversión e incrementando el empleo antes de las elecciones. Un mal uso de la política monetaria cosecha beneficios a corto plazo para los políticos, pero tiene efectos perniciosos a medio plazo para toda la sociedad, como la inestabilidad en los precios o la pérdida de competitividad internacional. Para evitar los problemas de inconsistencia temporal a los que se puede enfrentar un gobierno y escapar de un uso oportunista de la política monetaria, se decidió dotar a los bancos centrales de independencia. Así, estos podrían atender únicamente a las necesidades de la economía y decidir sobre la política monetaria óptima dadas la coyuntura económica y sus condiciones estructurales.

Por tanto, el surgimiento de la independencia de los bancos centrales se basa en garantizar que la política monetaria siga criterios de necesidad económica y no de necesidad política. Esto significa que deben actuar libres de las presiones políticas, pero no independientemente de la situación económica. Poco tiene que ver esto con la independencia que hoy se reclama. Cuando Trichet, Draghi o Merkel se refieren a ella, no la entienden como autonomía de decisión, sino como blindaje de una decisión inamovible sobre política monetaria. La independencia ha de ser autonomía de decisión, no autismo. El BCE es todo menos independiente si mantiene una actitud ciega ante la situación en los mercados, manteniendo un rumbo fijo en sus decisiones y siendo insensible a las circunstancias económicas que vive la zona euro en su conjunto.

La segunda pregunta pertinente es si, en las circunstancias concretas en las que estamos, un cambio en la actuación del BCE puede atentar contra su independencia o credibilidad. Este es en parte el discurso mantenido por Alemania y otros países del norte de Europa al sugerir que una acción ahora implicaría una cesión ante las economías “irresponsables” del sur. Es cierto que en una unión económica tan diversa como la europea, no siempre es fácil determinar cuáles son las soluciones óptimas para el conjunto de países, pues los efectos de la misma política monetaria pueden ser (como han sido) tan heterogéneos como las economías sobre las que se aplican. Pero precisamente por esto la independencia debería ser el escudo que permitiera al BCE utilizar un criterio flexible a la hora de determinar las prioridades. Y, en el caso de la crisis que nos ocupa, frente a la posibilidad de que un buen número de países tengan que ser rescatados, que las medidas de austeridad ahoguen cualquier posibilidad de crecimiento económico y que el euro definitivamente sea un proyecto fracasado, no parece descabellado concluir que la zona euro necesita un BCE proactivo en la solución de la crisis.

Parte del problema viene dado porque, a la hora de constituir el BCE, y a diferencia de otros bancos centrales, se fijó la estabilidad monetaria y el control de la inflación como únicos objetivos. Esta es una de las excusas utilizadas por Draghi para justificar que el BCE no puede hacer nada para salvar al euro. Sin embargo, esto no deja de ser interpretación muy restrictiva del mandato del BCE. Que la independencia de un banco central implique que este no puede actuar para defender la supervivencia de su propia moneda es un auténtico sinsentido. Y si fuera así debería de ser una llamada de atención inmediata para reformar su estatuto y habilitarle para poder utilizar sus capacidades monetarias y de compra de deuda en virtud de las necesidades. Si no, habremos pervertido la independencia para convertirla en ceguera. O peor, cabrá pensar que la excusa de la independencia en realidad enmascara la defensa de los intereses de Alemania.

domingo, 15 de janeiro de 2012

el DESVARIO


En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

... inhttp://www.elpais.com/articulo/reportajes/desvario/elpepusocdmg/20120115elpdmgrep_1/Tes

Los casos de corrupción se suceden desde hace años. Rajoy ha colocado un 'cordón sanitario' alrededor de Valencia

La enmienda a la totalidad de Alberto Fabra a la política de Camps encuentra resistencias en el PP

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana". -